El capital y los dineros públicos
Debatir la corrupción en serio
Revista Anfibia
| La corrupción es uno de los modos en los que el capital violenta la democracia; aleja del bien común las decisiones de nuestros representantes para que prevalezca el interés privado. Centrar la cuestión en los déficits morales de los políticos impide ver los impulsos sistémicos que alimentan la corrupción. Ezequiel Adamovsky pone el foco en el financiamiento de los partidos y los vínculos entre empresarios y Estado. Los riesgos de la moralización de la política y de la percepción de los conflictos como una lucha entre la virtud y el vicio. |
Como sociedad, tenemos una extraña relación con la corrupción. Si un extranjero revisara las portadas de los diarios de los últimos diez años se llevaría dos impresiones: que en la Argentina hay mucha corrupción y que las personas de este país vivimos por ello en un estado de permanente indignación. El lugar que ocupó el tema durante las últimas campañas electorales lo convencería de que al menos una buena parte de nosotros y nosotras tiene firmes valores morales. Todo lo contrario a lo que sucede con nuestros gobernantes. Si focalizara en los últimos dos años, las espectaculares detenciones de José López, Julio De Vido y Amado Boudou seguramente lo llevarían a pensar que, finalmente, estamos logrando moralizar a nuestra clase política como nunca antes. Si además el observador se pusiese a estudiar algo de historia, el logro se le aparecería como algo titánico. Porque la corrupción forma parte del paisaje argentino desde hace más de un siglo. Conocería así la escandalosa venalidad del decenio 1880-1890, las descripciones de Roberto Arlt sobre la ubicuidad de la coima en tiempos de Yrigoyen, el fabuloso negociado de la carne que denunció Lisandro de la Torre en los años treinta y tantos otros episodios. También notaría el salto cualitativo que dio la corrupción en tiempos de Menem y también se enteraría de la “Banelco” de De la Rúa. Cargando con esa historia, el presente se le aparecería como algo sencillamente milagroso. El “Mani pulite” argentino.
En verdad, nuestra relación con la corrupción no admite deslindes tan optimistas. Las encuestas indican que la ciudadanía argentina está lejos de ser moralmente impoluta. En una reciente, un 34% respondió que cierto grado de corrupción le parecía aceptable. Un 40% dijo que no se tomaría la molestia de radicar una denuncia si eso le insumiese un día de trámites. Pero eso no es todo: entre quienes habían tenido que lidiar con un control policial, trámite estatal o requerimiento judicial en el último año, un alto porcentaje reconoció haber ofrecido coimas. Agréguese a esto lo extendido de la evasión impositiva en todos los niveles, desde el pequeño comerciante hasta el gran empresario. En fin, pareciera que quedarse con dineros públicos o sobornar funcionarios no es algo que nos desvele tanto como podría pensarse a partir de las indignaciones de tiempos electorales.
Pero al mismo tiempo, no deja de notarse que la crítica se detiene ante las evidencias de la corrupción en filas macristas. A los casos ya conocidos –cloacas de Morón, tráfico de autopartes, megacanje, Swiss Leaks, obras públicas para el amigo Caputo y el primo Calcaterra, Panamá Papers, Bahamas Papers, entre otros– se agregaron en el último año el escándalo del Correo y los sobreseimientos express de Gabriela Michetti y Gustavo Arribas (el de Fernando Niembro era tan inconsistente que acaba de ser revocado). Un festival de licitaciones viene quedando en manos de Caputo, quien aumentó su rentabilidad de manera fabulosa (aparentemente consigue que las hagan a medida). Nada de esto logró que la corrupción PRO llegara al debate público. La causa Panamá Papers, de complejísima tramitación por lo intrincado e internacional de su trama, fue cerrada en tiempo récord con escasa repercusión. En los medios, tanto como en el campo intelectual, continúa la doble vara y ese “republicanismo intermitente” que se activa según a quien convenga criticar.
Elisa Carrió, la supuesta defensora de la moralidad, encarna esta duplicidad de manera muy clara. Puso igual empeño en denunciar a Macri como corrupto cuando estaba en otro espacio político como el que pone ahora en olvidar las palabras que supo dedicarle. De la base votante del macrismo puede decirse algo similar: desespera por la corrupción si es de kirchneristas, pero no tiene empacho en votar candidatos PRO tanto o más cuestionados. En las últimas elecciones en Vicente López, por caso, éstos obtuvieron 60% de los votos, a pesar de que el intendente Jorge Macri venía de ser embargado por lavado de dinero por la jueza Sandra Arroyo Salgado (de quien nadie podría sospechar simpatías K).
En las alarmas por la corrupción, además, muy rara vez se visibiliza a su principal agente. El político que recibe coimas es el foco de las iras públicas (y con razón). Pero del empresario que las ofrece casi nunca sabemos siquiera el nombre. Nunca van presos. Esto se evidenció como nunca en el caso Odebrecht: parte de las coimas fueron pagadas por la familia Macri y sin embargo el debate público apunta exclusivamente a los funcionarios K que las recibieron. Elisa Carrió llevó esta ceguera a niveles hilarantes en uno de sus tuits, a propósito del desafuero de De Vido, en el que pidió que se hiciese una diferencia entre los empresarios que hicieron negocios con él para enriquecerse y los que fueron “obligados” a pagar sobornos y por ello corresponde considerar víctimas. Claro, la preocupación apuntaba a las evidencias de que, en la lista de coimeras, hay empresas cercanas al actual gobierno.
Horacio Verbitsky reveló que varias figuras muy cercanas al actual presidente blanquearon sumas millonarias. Su hermano Gianfranco blanqueó 35,5 millones de dólares (una suma muchísimo mayor a la que declara poseer Mauricio Macri). Nicolás Caputo, principal beneficiario de la obra pública, blanqueó 26,5 millones. Un primo de Marcos Peña 6,2 millones. Marcelo Mindlin, vinculado al actual presidente, quien compró la principal empresa constructora de la familia Macri (supuestamente transferida poco antes por Mauricio a su primo Calcaterra, a quien algunos consideran su testaferro), blanqueó 44 millones de dólares. La suma coincide con la que supuestamente habría pagado para quedarse con la empresa de los Macri.
Ante tamaña revelación en el Poder Judicial se inició una causa para castigar a los responsables de la filtración y el gobierno desplazó a un funcionario de la AFIP. Es decir: como sociedad decimos condenar la corrupción, pero damos inmunidades especiales a los empresarios y perseguimos a los quienes nos ayudan a dar mayor transparencia a los posibles delitos. Se diga lo que se diga, en los hechos eso es lo que hacemos.
Agréguese al panorama un último elemento. Abrir una cuenta bancaria offshore secreta es muy sencillo (un periodista hizo la prueba en 2001: le llevó exactamente 20 minutos). Las empresas offshore son igualmente sencillas de crear, con un agregado: las acciones se emiten “al portador”, de modo que es técnicamente imposible establecer quiénes son los dueños. Las sociedades anónimas con frecuencia son entramados de vinculaciones societarias que, como cajas chinas, conducen a una o varias de estas empresas “al portador”.
Pero no siempre el enriquecimiento personal es lo que está detrás del impulso a apropiarse de dineros públicos. Muchas veces es más bien la presión para obtener fondos para agrandar las redes de lealtad política y financiar las costosas campañas electorales. Las finanzas de los partidos en Argentina son bastante turbias y es un hecho que el Estado ha hecho poco y nada por hacer valer las leyes que exigen transparencia. Todos los partidos están “flojos de papeles” en este punto, pero es sintomático que los menos transparentes sean precisamente el PRO e, incluso más, el de Carrió. Ya está probado que Macri recibió millones en aportes de empresas contratistas del Estado para su última campaña, algo explícitamente prohibido por la ley. Otro foco de corrupción que, sin embargo, no parece haber tenido impacto en la opinión pública.
Centrar la cuestión en los déficits morales de los políticos impide ver los impulsos sistémicos que alimentan la corrupción. Cada vez más la política se vuelve un juego que requiere inversiones millonarias. Y allí están los empresarios para ofrecer fondos. Nuestro país cuenta hasta ahora con una legislación bastante progresiva, por la que el Estado financia a los partidos y se impide a las empresas hacer donaciones (algo que está desregulado, por caso, en Estados Unidos). Así y todo, no alcanza para contrarrestar los impulsos a ampliar la recaudación por los medios que fuere. Lamentablemente, los proyectos de reforma que propone el macrismo apuntan a profundizar el problema, habilitando a las empresas a “donar” fondos de campaña.
La corrosión de la democracia es un fenómeno mundial. Estados Unidos es el ejemplo más palmario. Dos prestigiosas universidades norteamericanas condujeron una extensa investigación que demostró que el sistema político imperante allí no es hoy una democracia, sino un régimen oligárquico. El ejercicio que hicieron fue sencillo: analizaron 1779 políticas públicas implementadas entre 1981 y 2002 y compararon su orientación con lo que en cada momento prefería la opinión pública por un lado, y los ricos y los grupos de interés corporativo por el otro. En una abrumadora proporción de los casos, las decisiones del Estado habían ignorado las preferencias de las mayorías para favorecer, en cambio, las de los poderosos. O dicho al revés: la población común tenía una capacidad de incidir sobre las políticas públicas cercana a cero. Posiblemente en la mayoría de los casos no se privilegió el interés empresario porque hubiesen mediado coimas, sino sencillamente porque poder político y económico están imbricados allí como en ningún otro sitio.
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